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| REGIONAL / Información |
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| Denuncian que de no ser así "va a generar más problemas" |
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| El PSOE pide a la Junta que la Ley de Autoridad del Profesorado cuente con el consenso de comunidad educativa y Cortes |
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La portavoz socialista de Educación en las Cortes de Castilla y León, Ángela Marqués, reiteró ayer en rueda de prensa celebrada en Ávila, la petición realizada por el PSOE al consejero de Educación en su comparecencia para informar de su programa de actuaciones para la legislatura, de que “la Ley de Autoridad del Profesorado sea una Ley elaborada y aprobada por consenso.”
“Ya le dijimos entonces que confiábamos en que se realizara por consenso porque de no ser así, va a generar más problemas y no va a suponer ninguna solución”, señaló la portavoz socialista, quien en su comparecencia ante los medios advirtió que “en estos momentos existen en el ámbito educativo otras prioridades importantes a las que de manera urgente debe responder la Junta de Castilla y León.”
En este sentido, Marqués se refirió a las reivindicaciones de sindicatos y asociaciones de padres y madres de alumnos “que vienen denunciando graves recortes y alertando sobre el peligro de perdida de puestos de trabajo en el sector educativo público, y por tanto una pérdida de calidad en el sistema educativo de la Comunidad”.
“En este momento el Gobierno Herrera está ninguneando a los docentes y tomando medidas que afectan al respecto que se le debe a la comunidad educativa “ denunció la representante socialista quien , en esta línea, destacó las decisiones unilaterales de la Junta de eliminar grupos de diversificación una vez iniciado el curso”, suprimir las secciones bilingües nuevas este año “sin avisar a los docentes que se han implicado en la elaboración de sus proyectos” y castigar la buena gestión de equipos directivos en centros que han sabido ahorrar “y a los que no se ha ingresando ni un euro con recortes que van desde el 30 hasta el 80% de lo que les correspondía”. Asimismo citó el caso de una profesora de música de la Escuela de Arte de León que ha sufrido más de 9 años de acoso laboral “sin que la administración hiciera nada por evitarlo, motivo por el que la Junta ha sido condenada en sentencia firme del TSJCYL.
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