Los procesos judiciales a los que está haciendo frente, el odiado por unos y adorado por otros, juez Baltasar Garzón, entre ellos el juicio por investigar los crímenes del franquismo, están haciendo que se reabran viejos debates que parecían haber quedado en el limbo mediático. Garzón ha sido acusado de un delito de prevaricación por dictar a sabiendas una resolución injusta durante la instrucción de la causa por las desapariciones del franquismo. La acusación consiste en haber iniciado y prolongado unas diligencias sobre las desapariciones del franquismo atribuyendo a personas fallecidas delitos que habían prescrito, estaban amnistiados y que, además, no eran competencia de la Audiencia Nacional.
La querella está promovida por el colectivo Manos Limpias, dirigido por Miguel Bernad Remón, uno de los responsables del partido ultraderechista Fuerza Nueva. Con posterioridad presentaron querellas la asociación Libertad e Identidad y el partido Falange Española. La Fiscalía se manifiesta en contra y pide su archivo. Por su parte, el magistrado se defiende afirmando que “los hechos objeto de denuncia (desapariciones forzadas, crímenes contra la humanidad) nunca han sido investigados penalmente por la Justicia española, por lo que hasta la fecha, la impunidad ha sido la regla…"
Toda esta polvareda levantada en los medios de comunicación, en los pocos espacios reservados en estos tiempos para otra información que no sea la económica, ha hecho que se reabran viejos temas pendientes en la historia de nuestro país.
Colectivos en defensa de la memoria histórica se han puesto en pie de guerra ante el proceso abierto contra el magistrado, al tiempo que siguen reclamando que se apoyen las investigaciones que conlleven el esclarecimiento de los crímenes cometidos durante la dictadura. Uno de los frentes es la exhumación de víctimas de la Guerra Civil y la posterior represión franquista, para ello piden que las instituciones públicas apoyen la apertura de fosas comunes en las que aún yacen los restos de represaliados por los sublevados en la Guerra Civil, ya que hasta ahora se vienen realizando desde entidades privadas (como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica -ARMH- y el Foro por la Memoria).
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica -ARMH, pionera en la exhumación científica de fosas comunes, ha criticado que en su preámbulo el texto de la Ley de la Memoria Histórica afirma que la memoria de las víctimas del franquismo es personal y familiar; negando de ese modo en su marco de planteamientos que los delitos del franquismo son cometidos contra toda la sociedad y la humanidad y el deber del Estado de practicar políticas públicas que garanticen a las víctimas de los delitos más graves que existen su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación.
La (ARMH) realizó durante 2010 once exhumaciones en Castilla y León, que permitieron la localización de 148 cuerpos de desaparecidos de la Guerra Civil, según el arqueólogo de la asociación, René Pacheco.
De las once fosas, destaca la abierta en La Pedraja (Burgos) con los restos de 104 personas. Al igual que ésta, otras cinco fosas se encuentran ubicadas en Castilla y León, como la de Candeleda (Ávila), donde se exhumaron siete cuerpos; Castillajo de Martín Viejo (Salamanca), con seis cuerpos; Valdemorilla (León), con una víctima; Villalba de Duero (Burgos), con siete; y Matallana de Valmadrigal (León), donde se cerró la campaña de ese año con la localización de los cuerpos de ocho ferroviarios.
Símbolos franquistas
La ley establece que los escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva del levantamiento militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura deberán ser retirados de los edificios y espacios públicos. La retirada no será de aplicación cuando [..] concurran razones artísticas, arquitectónicas, o artístico-religiosas protegidas por la ley, lo cual podrá aplicarse a iglesias.
Cumplidos más de cuatro años desde que entró en vigor, muchos ayuntamientos españoles, entre ellos los de Castilla y León, cumplen sólo a medias la Ley de Memoria Histórica. El caso de Valladolid es especialmente significativo. En esta ciudad el Ministerio de Defensa cumplió con la Ley en edificios oficiales como el Palacio Real, hoy sede de la IV Subinspección General del Ejército, en esta construcción se retiró el viejo escudo con el águila preconstitucional que lucía su fachada principal. Otro caso donde la simbología franquista ha desaparecido es la Comisaria de la Policía Nacional de la Calle Las Eras, cuya fachada estaba adornada con una placa de piedra en honor a los Guardias de Asalto que iniciaron el golpe en Valladolid. Sin embargo, en otros edificios como el Acuartelamiento Militar General Monasterio del Paseo Arco de Ladrillo, hoy en estado de ruina, aún no han desaparecido los escudos y blasones franquistas. No obstante, estos terrenos pasaron a manos privadas en 2003. Estos son solo algunos ejemplos.
Los vestigios franquistas aún son visibles en muchos rincones de Valladolid:
Calles: Alférez Provisional, Antonio Lorenzo Hurtado, Clarencio Sanz, Conde de Arteche, Fernández Ladreda, García Morato, General Primo de Rivera, Héroes del Alcázar de Toledo, General Solchaga, José Luis Arrese, Leopoldo de Castro, Rector Luis Suárez, Rosario Pereda, Vicente Mortés, etc.
Barrios: Cuatro de Marzo, Barrio Girón (José Antonio Girón de Velasco), Grupo 18 de Julio, Barrio España, Grupo 25 años de Paz, etc.
Placas en las viviendas de protección oficial: Se trata de pequeñas placas de chapa metálica, colocadas en las fachadas de los edificios de P.O., y en las que aparece el símbolo de Falange Española, el yugo y las flechas.
Monumentos: Monumento a Onésimo Redondo, en el Cerro de San Cristóbal.
Otros: Existen en el cementerio municipal (y por tanto, espacio público), símbolos de significación golpista en tumbas y panteones. Un ejemplo es el panteón dedicado a Martínez Anido, flanqueado por dos figuras armadas. Azulejos en la escalera del Palacio de Santa Cruz, sede del Rectorado de la Universidad de Valladolid.
