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| SALAMANCA / Opinión |
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| Innegociables los Derechos Fundamentales |
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Enrique de Santiago |
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Que un Juez sea sentado en el banquillo de los acusados, como un Fiscal, un Abogado o alguien vinculado de forma directa con la Justicia, es un motivo de turbación y tristeza para quienes, de uno u otro modo, trabajamos en ella. Cuando, además, se resuelve la culpabilidad y se condena, la situación de dolor es algo sobre lo que nadie debe de dudar, aún cuando somos conscientes de que, esa condena, refuerza o debe de reforzar la confianza en la Justicia, en el Estado de Derecho y en la Democracia, pues se demuestra que la misma actúa de forma independiente, sin tener en cuenta quién sea el inculpado.
En el caso del Sr. Garzón, con independencia de su trayectoria profesional –de mal instructor y jurista mediocre- como fusta del narcotráfico, ‘chorizos’ de guante blanco, etc, que nadie debe poner en tela de juicio o empañar, lo cierto es que cometió un delito de prevaricación y una vulneración inadmisible del Derecho de Defensa, cuando ordenó, permitió, desarrolló y aceptó la grabación de las conversaciones de los abogados con sus clientes de forma indiscriminada, sin límite, consciente, deliberada y calculadamente, descubriendo y admitiendo informes policiales que desvelaban las estrategias de defensa, que no cooperaciones delictivas de los profesionales con sus defendidos.
Y, aun sabiendo de la ilegalidad que cometía, lo ejecutó y realizó incurriendo en un evidente delito y una vulneración constitucional inadmisible, así como puso en riesgo todo el trabajo de investigación realizado, creando una situación que sólo beneficia a los imputados, posiblemente responsables de la ‘trama Correa’, que, consecuencia de un nuevo defecto de instrucción –la comisión del delito de prevaricación-, conseguirán anular lo que les perjudica y salir indemnes.
Igualmente, hemos de intentar comprender que admitir la citada grabación ilegal, por mor de la bondad del Sr. Garzón, lo único que hace es abrir la puerta a que mañana otro Magistrado-Juez, menos ‘bonancible’, utilice la misma técnica contra cualquiera e impida una defensa efectiva y eficiente de alguien que, a lo mejor, sí que era no culpable. De ahí que, por más que a un sector de la sociedad, o a una ideología concreta, le guste o le disguste la condena del citado D. Baltasar, lo cierto y verdad es que su actuación no sólo es reprochable penalmente, sino también ética y moralmente, por más que nos caiga muy bien el ‘muchacho’.
La Ley, el Estado de Derecho, las Normas Constitucionales y los Derechos Fundamentales no son negociables, no pueden ser objeto de apropiación partidaria y no pueden ser objeto de discusión, por más que aquel que los vulneró –D. Baltasar- otrora haya sido un defensor de los mismos, pues en el presente los cercenó en aras a un hipotético fin que justificaría los medios, o de la presunta participación de los letrados en la trama que, finalmente, no demostró ni de forma indiciaria.
Situación tan preocupante como la del tocayo del más joven de los magos es la que se ha generado por las manifestaciones de uno de los miembros del Consejo General del Poder Judicial que, tras las mismas, debería de haber presentado su renuncia, en relación a la imputación del noble Urdangarín, pues por más que este sea noble, familiar de Su Majestad o de la portera, no se puede admitir que un Magistrado-Juez afirme que “no todos los imputados son iguales” ya que, con ello, está formalmente admitiendo que la Ley no es igual para todos y, además desmontamos, aniquilamos y hacemos añicos los Principios Básicos de todo Estado Democrático, Social y de Derecho, que se suponía era en el que vivíamos.
Del mismo modo que afirmamos que el ex magistrado cercenó el Derecho de Defensa, la miembro del C.G.P.J. ha hecho migas el Estado de Derecho y, si a uno, en aplicación de la Ley, se le condena, igual reproche merece la otra, a la que debería de exigírsele su inmediato abandono del cargo. Como en igual sentido debería de exigirse la dimisión de los órganos corporativos de la abogacía, procura, etc. que no hayan apoyado el Estado de Derecho y censurado, de forma rotunda, firme y clara dicha vulneración.
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| LA OPINIÓN DE NCYL |
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| VIVIR SALAMANCA |
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