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  SOCIEDAD  
REGIONAL / Especial / martes, 01 de octubre de 2013
José Luis Concepción da su opinión sobre los asuntos candentes que sacuden en estos momentos el mundo judicial de España y de la Comunidad
Intervención íntegra del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
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Intervención íntegra del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
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El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, ha abierto esta mañana el ciclo EFE Encuentros Castilla y León, organizados por esta agencia informativa a nivel regional, a los que, junto a otros medios de comunicación regionales, también ha sido invitado www.noticiascastillayleon.com, representado por nuestro director regional, Carlos Velasco.

La apertura formal del año judicial en Castilla y León el próximo 11 de octubre (a pesar de que ya se produjo el pasado 16 de septiembre a nivel nacional), así como las profundas reformas de la Administración de Justicia que promueve el ministro del ramo, Alberto Ruiz Gallardón, que se irán concretando en este mes y el que viene, aconsejaron a los responsables regionales de la Agencia EFE iniciar estos desayunos con el presidente del máximo órgano judicial en nuestra Comunidad, según puso de manifiesto en la presentación el delegado regional de EFE, Pedro Damián de Diego.

José Luis Concepción no eludió ninguno de los temas. Dado el interés de los mismos, su actualidad y la cualificada opinión del invitado, consideramos el contenido del desayuno de EFE de gran interés para el mundo judicial y para la sociedad en general, y por eso transcribimos literalmente las palabras del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

TEXTO ÍNTEGRO

"En esta y en otras ocasiones, cuando un medio de comunicación se dirige a nosotros, lógicamente la confirmación y el cierre del encuentro se produce prácticamente de forma inmediata. Yo quiero agradecer a Pedro Damián las palabras que ha tenido al principio de su intervención, porque creo que hacen justicia no ya al Presidente del Tribunal Superior, sino al poder judicial en este territorio que yo creo que, tratando de corregir un error secular, quiere abrirse a los ciudadanos a través del canal lógico que son los medios de comunicación. Yo creo que en los últimos años está haciendo un esfuerzo evidente desde el gabinete de comunicación del propio tribunal.

Creo que está empezando a cambiar la percepción que los propios jueces de Castilla y León tienen de este defecto, de esta carencia que teníamos y que poco a poco esto está empezando a cambiar. Cometemos errores, como todo el mundo, pero no se nos puede negar la voluntad de abrirnos al ciudadano y de tener una constante relación con los medios de comunicación. Indudablemente los medios de comunicación de Burgos tienen la relación más fluida conmigo porque me tienen allí habitualmente, pero en Valladolid, en León, en Salamanca, en todas las provincias en las que se ha demandado algún encuentro, por razón de las circunstancias, ese encuentro ha existido y no solamente lo hemos tenido, sino que hemos mantenido una relación constante con vosotros.

Efectivamente, yo creo que el momento que vivimos es trascendente, creo que el Gobierno de la nación ha acometido en el último año unos proyectos dirigidos no sé si a reformar, creo que a revolucionar la administración de Justicia, que no olvidemos es esa maquinaria que diariamente tiene que sustentar la función, el trabajo de los jueces y magistrados que son los que tienen atribuida la función jurisdiccional, la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en un estado de derecho.

Efectivamente se ha abierto un gran debate en torno a las reformas. Unas ya han alcanzado rango de ley, otras son simplemente proyectos, otras no son ni siquiera eso, son sólo borradores realizados por una comisión de expertos designada ad hoc por una comisión de justicia, pero que nos permiten advertir por dónde van las intenciones del Gobierno, que son en este caso muy amplias, porque las reformas de la Justicia no solamente abarcan el órgano de Gobierno de los jueces, que efectivamente ya ha sido reformado, sino que se dirigen a cambiar en un futuro más o menos cercano la ley de enjuiciamiento criminal, el código procesal penal, como se le suele llamar ahora en el borrador, que puede incorporar modificaciones tan trascendentes como atribuir la instrucción de los delitos al Ministerio fiscal, o la nueva ley de demarcación y planta judicial tan cacareada en los medios de comunicación tan recientemente que puede suponer una auténtica revolución en cuanto a las sedes de los juzgados y los tribunales en nuestro país, etc., etc.

Es decir, las reformas son muchas, son algunas de ellas controvertidas, yo creo que en términos generales como dije en el último encuentro que tuve ocasión de tener con el ministro de Justicia en el mes de julio, y precisamente en Valladolid al cierre de los debates organizados por El Norte de Castilla, merecen una valoración positiva porque es la primera vez en 35 años de democracia que un gobierno acomete, con sus luces y sus sombras, una reforma importante, una reforma pendiente, una reforma necesaria en la administración de Justicia.

Podemos entrar a discutir y a criticar pormenorizadamente cada uno de los aspectos de esta reforma. Pero creo, y yo lo he hecho, que en su conjunto por lo menos hay que aplaudir que el actual gobierno, o que un gobierno entienda que la Justicia no funciona o funciona de una manera eficiente y trate de cambiarla. Yo creo que la reforma se podría haber hecho de otra manera; creo que para hacer una reforma de este calado es preciso más diálogo, es preciso escuchar a los sectores interesados y también creo que hay mucha gente, muchos sectores dentro del poder judicial, de la administración de Justicia y dentro de los colectivos profesionales que trabajan en íntima relación con la administración de Justicia, que están en desacuerdo con muchos de los aspectos de la reforma. Pero creo que en principio es bueno que se quiera reformar algo que se dice que funciona de manera deficiente.

También es cierto que ayer conocimos los presupuestos generales del Estado y, una vez mas, el Ministerio de Justicia es el que porcentualmente más pierde, ve disminuir el exiguo de por sí ya presupuesto de Justicia, con lo cual yo creo que cualquier reforma no se consigue sino con dinero. Entonces, la primera cuestión que debemos plantearnos es ¿qué reforma se pretende conseguir si efectivamente el presupuesto destinado a conseguirla es menor que lo que teníamos hasta ahora que de por sí era insuficiente?

PREGUNTAS/RESPUESTAS

-Agencia EFE: ¿Cuáles son los principales retos que nos esperan para estos próximos meses?

- JLC: Tenemos tantas cosas delante de nosotros, que hablar de retos ahora mismo... tenemos que reorganizarnos ante lo que se nos viene. El día 11 se produce en Castilla y León la apertura del año judicial que no es tal apertura porque no me canso de decir que la apertura del año judicial es una, la que preside Su Majestad el Rey en Madrid, que tuvo lugar el día 16 de septiembre, y lo que hacemos en los tribunales superiores de Justicia es una conmemoración de ese acto que establece la ley orgánica. Los tribunales superiores queremos recibir a las autoridades, a los medios de comunicación, a los ciudadanos... porque también lo hemos hecho coincidir con una jornada de puertas abiertas para que los ciudadanos de Castilla y León puedan conocer la sede del Tribunal Superior de Justicia y entablar una relación directa con quienes trabajamos ahí diariamente, dejémoslo en una conmemoración y no en una aplicación como tal.
Dentro de muy pocos días vamos a tener un consejo general del poder judicial nuevo, y la novedad va a venir dada no solo por los miembros que van a entrar a formar parte del mismo sino por la comisión, por las funciones, por la estructura, por el presupuesto...por todas las novedades que ha incorporado la "reforma-Gallardón", que solamente en este aspecto concreto, el dirigido a la reforma del poder judicial, ha sido aprobada, por tanto, una reforma que ha sufrido un acelerón importante en relación al resto de la ley orgánica del poder judicial que tan sólo es borrador actualmente. Aquí el legislador al recibir el proyecto de ley se ha dado una prisa exagerada para que la ley viera la luz antes de vencer el mandato del actual consejo general del poder judicial, y esto ya en sí es una novedad. Yo creo que entre las reformas auspiciadas por el gobierno, lo he dicho siempre, es la que mayor crítica merece porque es la que convierte a esta institución, que en la Constitución está diseñada para proteger la independencia del poder judicial, en un órgano prácticamente muerto y ojala los acontecimientos me quiten la razón, pero vamos a ver si un órgano que constitucionalmente está diseñado para tener 21 miembros, puede funcionar en realidad con 7. Vamos a ver si esos 7 miembros de la comisión permanente, que son los únicos que van a estar liberados de sus funciones judiciales o profesionales van a poder asumir el ingente trabajo que hay en el Consejo General del poder judicial, o por contra van a tener que delegar la mayor parte de ese trabajo en un cuerpo de letrados, descafeinando por completo la función de un vocal del CG del poder judicial, que es un alto cargo de la nación, como recoge la Constitución. Creo que esa es la crítica más importante que puedo hacer a la reforma de la ley orgánica actual.

- ¿Cuál es su valoración sobre los presupuestos generales del Estado para la actividad de la Justicia?

- JLC: En primer lugar: Ya he dicho que los presupuestos generales hacen poca justicia a la Justicia, yo creo que un gobierno con vocación de reformar la justicia no puede disminuir los presupuestos en materia de justicia y, efectivamente, la cantidad que se ofrece para la ciudad de Valladolid es simbólica por no decir testimonial. Los presupuestos en materia de infraestructuras, según he podido leer de manera rápida, han disminuido de una manera importante y el grueso de las cantidades destinadas a infraestructuras, al parecer, van a ir dirigidas a la reforma de la sede de la Audiencia Nacional, con lo cual, un año más en el resto de los territorios vamos a tener que esperar y conformarnos con lo que hay. Más preocupante me parece la disminución de presupuestos en materia de nuevas tecnologías porque si aspiramos a una revolución tecnológica auténtica, como ha habido ya hace 20 años en la agencia tributaria o en la seguridad social, es evidente que en el ámbito de la Justicia debería haberse cuadruplicado el presupuesto dirigido a nuevas tecnologías.
Por otra parte, me gustaría incidir en el descontento sembrado respecto a la carrera judicial, en la reforma del Consejo General del poder judicial. Desde luego, ese descontento se ha plasmado en algunos territorios como en Castilla y León donde los jueces han renunciado, no sin algunas excepciones, efectivamente ha habido algunos jueces de Castilla y León que han aspirado a una candidatura en el Consejo General del poder judicial pero por mor de los juegos, de las reglas electorales, dentro de las asociaciones judiciales, concretamente dentro de la única asociación que se presenta o que ha manifestado su voluntad de concurrir a este proceso, la asociación profesional de la magistratura, han quedado fuera de la carrera electoral. Pero, quizás ponga de manifiesto, el desinterés de la carrera judicial por este nuevo diseño de consejo que creemos que no va a defender, que no va a servir para defender ni los intereses profesionales ni la independencia del poder judicial.

- Cadena Ser: ¿A qué cree que se debe esa poca justicia con la Justicia? No sé si a improvisación o a que no se le da la importancia que tiene este campo ahora o se le ha dado a lo largo de los últimos años.

- JLC: La Justicia es la asignatura pendiente de la democracia española. Yo creo que ningún gobierno ha creído conveniente hacer una verdadera reforma de la Justicia, y yo creo que en eso se equivocan todos los partidos políticos que sustentan a unos gobiernos u a otros, porque el crédito del Estado dentro y fuera se logra con una Justicia independiente, profesional e incluso la del inversor extranjero, que no vendrá al país si no existe la seguridad jurídica, que no podrá existir sin una justicia que funcione adecuadamente en tiempo y forma.

- ¿Qué consecuencias puede tener querer llevar a cabo una reforma sin el suficiente dinero?

- JLC: Pues que va a ser una reforma que no va a poder manifestarse, que no va a poder desarrollarse, hay proyectos o hay borradores, quizás de los que más se ha hablado y luego nos extenderemos sobre él, que es la ley de demarcación y planta, que es un diseño judicial absolutamente novedoso, pero que yo estimo que sin dinero no va a poder llevarse a cabo.

- La Razón: Va a cumplir 8 años al frente del Tribunal de Justicia de Castilla y León. ¿Qué ha cambiado en este tiempo a parte de su apertura a los medios de comunicación y a los ciudadanos?

- JLC: La percepción del ciudadano, al menos la de Castilla y León (lo dicen las encuestas) es mejor que la que teníamos hace algunos años, yo creo que al final toda recolección obedece a una siembra. Cuando se hace un trabajo serio, al final se acaba percibiendo. Soy consciente de que en España la Justicia no merece una valoración óptima por parte del ciudadano, aunque sí debo decir, salvo honradas excepciones, que el ciudadano (y lo dicen las encuestas) que ha tenido una relación directa con la Justicia, la valora mejor que el que habla solo por referencias de la Justicia, y en Castilla y León esto es palmario. Tenemos unos tribunales, que salvo las contraproducentes experiencias de Burgos y León con la implantación de la nueva oficina judicial, en partidos judiciales donde la justicia funciona en tiempo y forma de una manera adecuada, yo creo que salvo excepciones muy concretas, dan una respuesta rápida al ciudadano y óptima en calidad. Es cierto que de tres años a esta parte, con motivo de la crisis económica, que también se nota en el registro de archivos judiciales, en los juzgados y tribunales de toda España, se han colapsado los juzgados laborales, los juzgados penales, pero han mejorado muchos otros que estaban antes colapsados, como los juzgados civiles o los juzgados de lo contencioso administrativo; y yo creo que el ciudadano aquí valora el trabajo de los 303 jueces de Castilla y León y de todos los funcionarios que diariamente sirven a la administración de Justicia. Por tanto, yo creo que algo ha cambiado a lo largo de estos años y que seguimos trabajando para que esto cambie y que con la ayuda de los medios de comunicación, que son los que tienen que trasladar esta idea positiva al ciudadano. Al cabo de mi segundo mandato, esta valoración será mejor en el 2015 de lo que lo era en el 2005.

- Noticias Castilla y León: En relación con el problema de los preferentistas, usted ante el temor de que pudieran colapsarse los juzgados pidió informes a las provincias de los recursos interpuestos. Parece ser que ya le han remitido algunos de estos informes, ¿Según esos informes tiene datos para hacer una valoración ahora mismo?

- JLC: Tenemos pocos datos todavía, de hecho las sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia acordó hace una semana esperar un tiempo, unas semanas, para que los datos fueran más concretos, porque en León, que era la provincia donde según nuestras noticias iban a tener una mayor afluencia las demandas en los juzgados civiles, desde el decanato, todavía no tenían una idea concreta del volumen que iba a representar. El hecho de que el Tribunal Suprior de Justicia esté pendiente de este tipo de acontecimientos, para desde el principio tratar de reforzarlos, ya es una buena noticia y contesta a la pregunta anterior de que algo ha empezado a cambiar. Se están tratando de poner las soluciones no cuando el problema ya es irresoluble, sino cuando el problema todavía no se ha generado.

- TV Castilla y León: Confusión entorno a los dos informes de la comisión de expertos sobre la Ley de demarcación.

- JLC: Nosotros vivimos en la misma indefinición que el resto de los ciudadanos porque, en primer lugar, el informe publicado por el Consejo General del poder judicial el pasado mes de mayo, no era sino la cumplimentación de un mandato que le habían hecho las anteriores Cortes generales, con lo cual el CGPJ no hizo sino cumplir un mandato legislador. La función de informes es una de las que generalmente tiene atribuidas el CGPJ y, evacuando esa función, el Consejo dijo lo que creyó conveniente decir. Distinto es el borrador que sobre la ley de planta y demarcación ha elaborado una comisión de expertos designada por el Ministerio de Justicia, que el Ministerio de Justicia dice no haber asumido. Lo cierto es que la comisión de expertos lo ha entregado al Ministerio de Justicia y el MJ ni siquiera lo ha convertido en anteproyecto, por tanto hablamos de un borrador de trabajo que no ha recibido siquiera el espaldarazo del ejecutivo para convertirlo en anteproyecto. Y un borrador en el que se diseña lo que esa comisión de expertos, formada por siete personas, entiende que debe de ser la demarcación judicial del siglo XXI. Se que ha generado muchas polémicas; se que ha generado tantos enfrentamientos como debates, yo mismo he mantenido muchos con representantes del mundo político, y con representantes judiciales. Quizás, los jueces veamos con mejores ojos no el borrador en sí, sino la idea de reformar la demarcación porque no se puede funcionar en el siglo XXI con una demarcación judicial diseñada en el siglo XIX. Hay partidos judiciales que, nos duela o no nos duela, carecen de razón de ser, hay partidos judiciales que tienen un volumen de registros civiles y penales tan mínimos que no sustentan la necesidad de que haya un juez, un secretario judicial y varios funcionarios para atender a esos casos, y que además plantean unos problemas muy importantes cuando el juez, el secretario o alguno de los funcionarios padece una enfermedad, toma unos día de permiso o disfruta de las vacaciones que legalmente tiene reconocidas, porque en esos casos no hay presupuesto para poner sustitutos, los juzgados acaban por atrancar y hay muchos ejemplos en Castilla y León de organizaciones judiciales cuyo volumen de registro es mínimo y que, sin embargo, padecen problemas que ya no son coyunturales sino estructurales; padecen unos atrasos que no son capaces de solventar los exiguos planes de refuerzo que desde el Ministerio de Justicia se pueden poner, por tanto hay que ir a un diseño mas ambicioso y quizá la idea de los tribunales-distancia en las capitales de provincia sea buena . Habría que estudiarlo y el Gobierno debería consultar con los sectores interesados y no solo con los jueces y con los funcionarios de la administración de Justicia, que somos los que mejor conocemos el funciones de la administración judicial, también con los sectores profesionales afectados: los abogados, los procuradores de los tribunales, los graduados sociales y tantos otros sectores profesionales que viven al amparo de esa administración de justicia. Considero que se ha hablado mucho, creo que la defensa que se esta haciendo de la actual planta y demarcación judicial desde el mundo político tiene una veta populista y, yo lo he dicho muchas veces y ha generado desasosiego en esos sectores políticos, que quienes mas se llenan la boca defendiendo determinadas sedes judiciales son quienes menos se han preocupado de que esas sedes tuvieran los medios materiales y personales necesarios para desarrollar su trabajo con la más mínima dignidad, y sobre todo con la eficacia que requiere el ciudadano.


- (No dice de qué medio): El problema es que, tal y como se ha diseñado la nueva ley de demarcación, supondrá una distancia de la Justicia respecto al ciudadano; éste verá todo más lejano, verá que desaparecen los juzgados de Aranda de Duerno, las Audiencias Provinciales... ----

- JLC: En el siglo XXI no se puede medir la distancia en kilómetros, hay que medirla en tiempo y en eficacia en el servicio y yo estoy absolutamente convencido de que aunque el ciudadano vea que la sede física se ha alejado en el espacio, si verdaderamente el nuevo sistema es capaz de resolverle sus problemas antes y mejor dará por bien empleada la reforma. Yo creo que, hoy por hoy, no podemos aspirar ni en justicia, ni en educación, ni en sanidad en la cercanía al ciudadano que todos querríamos. Hemos ido a un diseño más ambicioso y más eficaz, por tanto el ciudadano, que a lo mejor tiene que desplazarse una vez en su vida al órgano judicial, prefiere hacer unos kilómetros más, pero que su problema se resuelva antes.

Y una comunidad que está luchando con la despoblación, que es el principal problema que tiene la nuestra… ¿Esto no contribuiría a fomentar esa despoblación?

Cuando la comisión de expertos y el borrador del CGPJ y creo habérselo oído también al ministro lo que me parece absolutamente sensato, hablan de los tribunales distancia, la agrupación de las oficinas judiciales en las capitales de provincia o por lo menos una demarcación de ámbito provincial no están queriendo decir que desaparezcan las sedes judiciales actuales de las cabeceras de partido. En muchos casos además hablamos de infraestructuras de reciente construcción o recientemente rehabilitadas por tanto una política de optimización de recursos determina que esas sedes judiciales no desaparezcan. Además es bueno que el tercer poder del estado, no olvidemos que el poder judicial aunque muchas veces se olvide en esos otros dos, es el tercer poder del estado con una vocación de igualdad en relación con los otros restantes poderes del estado, ha de tener una presencia física en todas partes. Es cierto por tanto que esa nueva demarcación judicial no debe de determinar la desaparición de las sedes judiciales donde actualmente existen. Podrían utilizarse para otras muchas funciones, las nuevas tecnologías cuando los presupuestos sean generosos para su implementación han de suponer el cierre o la conclusión de ese nuevo diseño porque a lo mejor el ciudadano no debe de desplazarse a la capital de provincia sino a la sede judicial para a través de videoconferencia, que hoy ya utilizamos desde hace tiempo en Castilla y León, pueda celebrar su juicio con el tribunal distancia que está en la capital de provincia. Las sedes judiciales actuales pueden utilizarse para que el ciudadano vaya a evacuar sus declaraciones, para presentar escritos, realizar actos de comunicación con el ciudadano… para múltiples funciones. Eso no puede compadecerse con un nuevo diseño judicial en el que el tribunal esté en la capital de provincia.

Santiago González, Promecal
Ayer el presidente de la Audiencia Nacional abogaba por centralizar en un juzgado único los casos de corrupción de toda España incluso dotarlo de algunos medios, especializar a algunos magistrados, e incorporar en el código penal un capítulo destinado a esto. ¿Qué opina usted dado que los casos de corrupción parece que abundan un poco más?

JLC: Un especialista de lo mercantil como soy yo siempre ha luchado por la especialización judicial. Hoy el juez no puede atender a todas las disciplinas jurídicas así como los grandes despachos están especializados y el abogado de un gran despacho va un día a defender una cuestión de patentes y al día siguiente no va a una cuestión de marcas, pues al juez le pasa lo mismo. Para dar una respuesta óptima en calidad debe de estar especializado en una faceta concreta del saber jurídico y por tanto no solamente para dar una respuesta de mayor calidad sino para dar una respuesta mejor en tiempo. Indudablemente debe haber juzgados especializados, ya me gustaría a mi que el responsable de prestar medios materiales y personales, que es el poder ejecutivo, sea el central o autonómico en aquellos lugares donde las competencias están transferidas, tuviera esta sensibilidad, tu vieran la intención de perseguir esos casos de corrupción y que los jueces no vieran como vemos en la actualidad prescribir tales casos por falta de medios y porque muchas veces llegan los casos a los juzgados cuando ya ha pasado gran parte del tiempo que la ley establece para la prescripción. Estoy de acuerdo con el presidente de la Audiencia Nacional y los responsables políticos debieran poner todos los medios a su alcance al servicio de estos juzgados destinados a evitar una de las mayores lacras que padece la sociedad española en nuestros días.

Elena Rodríguez, de CYL Es Radio
Entiendo que ha dicho que esta especialización no sería posible con los 303 Jueces que ha dicho que tiene Castilla y León ahora mismo. ¿Cuántos jueces más harían falta para llevar a cabo la especialización?

JLC: Vamos a ver nosotros hemos pedido el aumento de planta judicial en Castilla y León. La sala de gobierno lleva cuatro o cinco años haciendo análisis verdaderamente exhaustivos acerca de las necesidades de planta que precisa el territorio. Yo sé que la política de austeridad auspiciada por el ministerio de justicia impide la creación de órganos judiciales en todo el territorio nacional. Indudablemente Castilla y León con el diseño actual es un territorio que no permite la especialización en muchas de las provincias. Sí en las cuatro provincias donde existen mayor número de órganos judiciales y desde el 2005 hasta nuestros días se han conseguido especializar en Valladolid, Burgos, León y Salamanca muchos órganos judiciales que anteriormente tenían una condición generalista. Hoy existen en esas ciudades, en algunas de ellas, juzgados de violencia de género, lo mercantil, de familia… cuando antes no existían. Pero hay provincias donde el escaso número de órganos judiciales no permite especializar y además el escaso número de asuntos que conocen de cada materia tampoco lo hace rentable. Pero desde un punto de vista genérico es correcta y deseable la especialización judicial en toda España.


¿Se podría decir que es utópica la vía de que Castilla y León asuma la justicia en esta década?

JLC: Eso tendría que preguntárselo al presidente de la junta que es el responsable. Yo siempre he dicho que las competencias en materia de justicia nunca debieron ser sido transferidas a las comunidades autónomas. El poder judicial es el único poder que es único en todo el territorio del estado, así lo diseña la Constitución. Así como el poder ejecutivo y legislativo está disgregado, el judicial es el único que según la Constitución es único para todo el estado. Ahora bien como quiera que hace casi 30 años se empezó la carrera descentralizadora y muchas comunidades autónomas pasaron a asumir las competencias en materia de justicia lo que no pueden hacer otros territorios es estar en pie de desigualdad en relación a los primeros. Así que yo creo que debieran de revertir las competencias en materias de justicia al estado central o café para todos, que todas las comunidades autónomas sean responsables de la dotación de medios personales y materiales. Ahora bien el Tribunal Superior de Justicia y el poder judicial no es parte en este proceso de transferencias y por eso cuando me preguntan yo siempre digo que deben preguntárselo a la persona que mejor sabe si se van, o cuándo se van, a asumir las materias en competencia de justicia.

Qué le parece la campaña que se está haciendo desde Burgos para que no se desdoblen las salas en Valladolid

JLC: Cualquier cosa que diga yo en Valladolid puede ser puesta en tela de juicio pero me parece de ciencia ficción. Yo creo que esto es un error, una errata colada en un anexo de un borrador de trabajo. Y que se haya puesto el grito en el cielo por algo que no es ni siquiera anteproyecto me parece pintoresco. Está claro que la sede del Tribunal Superior de Justicia está en Burgos no porque lo diga un borrador de trabajo o la Ley Orgánica del Poder Judicial sino porque lo dice la ley de sedes de Castilla y León a la que se remite la LOPJ actual y por tanto no creo que se haya puesto en tela de juicio la capitalidad judicial de Castilla y León. Que sí está en el borrador que se diseñe un desdoblamiento entre Burgos y Valladolid de las salas civil y penal no hace más que trasladar al ámbito civil y penal lo que ya existe en el ámbito social y contencioso-administrativo. Si la nueva ley de demarcación va a establecer unos tribunales distancia en cada una de las nueve provincias, va a suprimir las Audiencias Provinciales y va a erradicar la apelación de lo asuntos civiles y penales en la sede del Tribunal Superior de Justicia, y actualmente hay salas del Tribunal Superior de Justicia, no hablo de la capital, hablo de salas del Tribunal Superior de Justicia en Burgos y Valladolid como lo hay en Sevilla, Málaga y Granada, en Andalucía, como en Santa Cruz de Tenerife igual que en Las Palmas en el territorio insular, que son los tres territorios en los que en tributo a la existencia de las viejas audiencias territoriales se mantuvieron en el año 89 salas desplazadas del Tribunal Superior de Justicia, pues es lógico que no solamente en Burgos sino también en Valladolid se conozcan las apelaciones de las respectivas provincias en las que extienden su territorio las salas de Burgos (Burgos, Soria, Segovia y Ávila) y las salas de Valladolid (León, Zamora, Salamanca, Valladolid y Palencia). Yo creo que esto es absolutamente racional, no supone un ataque a la capitalidad judicial de Castilla y León, que es Burgos, y yo creo que quienes más ponen el grito en el cielo defendiendo esta capital judicial debieran haberse sensibilizado hace muchos años con las necesidades del Poder Judicial en Castilla y León.


Pedro Damián_ Usted como juez cree que los ciudadanos confían en los jueces, se sienten protegidos, se sienten seguros con la justicia

JLC: Yo creo que no se puede amar nada que no se conoce. Así como los medios de comunicación nos sobre alimentan con la actividad política cada día, una saturación evidente de lo que se hace en el mundo político, pues noticias en el mundo judicial sobre su funcionamiento, cómo son y cómo trabajan los jueces, hay pocas. Salvo algunas campañas iniciadas, y no con mucho éxito, por el CGPJ ha habido pocas campañas en las últimas décadas dedicadas a enseñar al ciudadano lo que es el Poder Judicial. Creo que lo estamos haciendo con mucho esfuerzo en algunos tribunales superiores de justicia, pero no se puede amar aquello que no se conoce y creo que hoy por hoy el poder judicial es el gran desconocido entre los poderes del estado. El gran desconocido y el gran ignorado también por los otros dos poderes del estado, porque el poder judicial que como digo tiene una vocación constitucional de igualdad plena en relación con los otros poderes del estado, ni material ni formalmente se le reconoce esta igualdad. No hay más que ir a cualquier acto oficial para ver el lugar que ocupa el representante del tercer poder del estado, o en los medios materiales que tiene el poder judicial en relación al ejecutivo o legislativo.


Susana Cañizo, Onda Cero
Antes hablaba de la satisfacción de muchos ciudadanos hacia la justicia pero también muchos entienden que la justicia está politizada. No sé si usted tiene esa percepción.

JLC: Creo que al hablar de la politización de la justicia hay que distinguir dos cosas. Por un lado la labor diaria del juez que yo aseguro independiente porque el juez cuando juzga y hace ejecutar lo juzgado es plenamente independiente, y créame que, ante las presiones que en muchos casos existen, es independiente. Y otro es el órgano de gobierno del Poder Judicial, que por esa lacra padecida en España desde 1985 cuando se privó a los jueces de elegir a sus representantes judiciales efectivamente sufre un estigma de politización que nos perjudica y que la reforma actual no solo no corrige sino aumenta. Por eso hay que distinguir entre el juez, que es plenamente independiente, y el órgano de gobierno de los jueces que padece una apariencia de contaminación política que nos perjudica a todos.

 
 
 
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