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| PALENCIA / Información |
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| Los ecologistas aseguran que se están cometiendo los mismos errores que en 2007 |
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| La Junta defiende su actuación para combatir la plaga de topillos |
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La Junta de Castilla y León ha aclarado que las medidas puestas en marcha para combatir la plaga de topillos en la Comunidad cuentan con la aprobación de expertos de la Comisión de Roedores.
La viceconsejera de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura y Ganadería, María Jesús Pascual, ha salido al paso de las críticas de los ecologistas que acusaban al Gobierno regional de cometer los mismos errores que en la plaga de 2007 sobre el control de los topillos y ha indicado que las medidas realizadas cumplen las normativas y ha desmentido que existan denuncias a la Consejería por estas actuaciones para combatir la plaga.
Según los ecologistas, "las quemas que se están produciendo en algunas zonas de Castilla y León, promovidas y autorizadas por la propia administración, son medidas completamente ineficaces para combatir la proliferación de topillos, como quedó demostrado en la plaga de 2007. Además, tienen efectos adversos para la biodiversidad, al destruir el hábitat de reproducción, alimento y refugio de especies silvestres que pueden contribuir al control natural de plagas. Asimismo, aumentan el riesgo de erosión y de incendio y fomentan la eliminación de microorganismos beneficiosos para el suelo".
"La destrucción o deterioro de las áreas de reproducción está prohibido por la Directiva de Aves, el Convenio de Berna y la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad y sólo puede llevarse a cabo bajo un régimen de excepciones que no se está cumpliendo en estos casos. Por ello, las quemas autorizadas podrían acarrear graves sanciones".
"La situación de alarma creada en los últimos meses por el aumento de las densidades de topillo campesino y de ratón moruno en algunas zonas, está provocando que, como sucedió en la anterior plaga, se estén promoviendo actuaciones descoordinadas e ineficaces. Además de las quemas, se ha constatado la colocación de veneno por parte de los agricultores y la Junta de Castilla y León está volviendo a repartir veneno en algunas localidades", señalan.
"Ante esta situación y la existencia de grandes cantidades de veneno anticoagulante repartidas por la Junta de Castilla y León en el año 2008, las organizaciones recuerdan a los agricultores que la utilización de rodenticidas sin autorización constituye una infracción grave o muy grave. Esto puede suponer sanciones de hasta tres millones de euros, de acuerdo a la Ley 43/2002 de Sanidad Vegetal, además de la retirada de ayudas de la PAC por infracción de las normas a las que están sujetos estos pagos (lo que se conoce como “condicionalidad”).
"Los rodenticidas pueden tener efectos muy perjudiciales sobre aves rapaces, mamíferos carnívoros y cualquier animal que pueda entrar en contacto con el cebo, incluyendo especies cinegéticas como liebres y palomas. La desaparición de algunas de estas especies, consumidoras de roedores, puede reducir la capacidad de control natural de la plaga."
Los ecologistas critican que "la aplicación de rodenticidas conlleva riesgos para la salud, como la expansión de la tularemia o la intoxicación del ganado ovino que consuma el cereal tratado con rodenticidas. Ya durante la plaga de 2007 se tuvo que prohibir el consumo de pichones en Palencia, al detectarse centenares de palomas intoxicadas con clorofacinona. Además, existe el riesgo de generar poblaciones de roedores resistentes a los tratamientos químicos, suponiendo a largo plazo que cualquier medida de control químico resultase ineficaz".
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