El Partido Animalista - PACMA ha presentado un escrito al Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León advirtiéndole de las posibles repercusiones legales de la autorización de un festejo que consideran “incumple de forma flagrante” el Reglamento de Espectáculos Taurinos de Castilla y León. En el escrito advierten, incluso, de la comisión de un presunto delito de prevaricación para quien autorice el festejo.

Para el Partido Animalista la ley es clara. El Decreto 14/1999 exige en su artículo 23 “dar muerte a las reses de lidia en instalaciones autorizadas al efecto, sin presencia de público”. El Decreto también es claro en cuanto al trato que se debe dar al toro: “queda prohibido herir, pinchar, golpear, sujetar o tratar de cualquier otro modo cruel a las reses”, algo que evidentemente no se cumple en el Torneo del Toro de la Vega.

Según el mismo Decreto, el Delegado Territorial debe tener en su poder una “Declaración del organizador del espectáculo asumiendo el compromiso de sacrificio de las reses en instalaciones autorizadas al efecto al finalizar el festejo o ciclo de festejos, fuera de la vista del público”, según reza en el Artículo 25.

Por tanto, PACMA denuncia que “es literalmente imposible que los organizadores del Toro de la Vega cumplan con los requisitos exigidos por el Reglamento de Espectáculos Taurinos, pues el propio festejo en sí es contrario a la normativa, por lo que exigimos al Delegado Territorial que, ajustándose a la Ley, no conceda autorización al festejo”.

“Llevamos 8 años protestando por lo que consideramos una barbarie, que además es ilegal. Llegaremos hasta donde sea necesario para que los responsables políticos pongan punto y final al Toro de la Vega o asuman las consecuencias de no ajustarse a la Ley”, sentencia Silvia Barquero, portavoz del Partido Animalista.
“No encontramos ninguna excepción que pueda justificar el incumplimiento del Reglamento de Espectáculos Taurinos para que los lanceros maten al Toro de la Vega durante el encierro”.

Barquero asegura que los documentos en los que se basa el Ayuntamiento de Tordesillas y el Patronato del Toro de la Vega como organizadores para defender jurídicamente el “sangriento festejo” se sustentan en la tradición y la costumbre, “ignorando de manera flagrante la ley formal escrita que opera en Castilla y León”.